El espejismo de la flexibilidad: lo que la economía gig absorbe y lo que descarta

Las nuevas formas de trabajo —mediadas por plataformas digitales— se han vendido bajo una promesa de flexibilidad y autonomía que, revisada con cuidado, no resiste del todo el contraste con la evidencia. No se trata de una ruptura con el capitalismo clásico, sino, como advierte Srnicek (2017), de una adaptación de sus lógicas extractivas hacia nuevas fuentes de valor: los datos y las interacciones digitales. Esta distinción importa porque cambia la pregunta que deberíamos hacernos; no es si la economía gig genera empleo, sino qué tipo de empleo genera y para quién.

El lado positivo suele resumirse rápido. Estas plataformas ofrecen bajas barreras de acceso, lo que permite que personas sin capital ni credenciales encuentren una fuente de ingreso extra o, en algunos casos, principal; Fernández y Benavides (2020) añaden la integración financiera y cierta formalización empresarial como beneficios adicionales. Para quien busca completar sus ingresos —estudiantes universitarios, técnicos, personas en desempleo friccional— la posibilidad de escoger cuándo y cuánto trabajar tiene un valor real, y sería injusto negarlo.

Sin embargo, esa misma flexibilidad se sostiene sobre una estructura de control que rara vez se menciona en la misma frase. Wood et al. (2019) lo describen con precisión: el control no proviene de un jefe, sino de un sistema algorítmico de calificación que determina el flujo de trabajo, la remuneración y, en últimas, quién sigue teniendo acceso a la plataforma. La autonomía, entonces, es parcial; se elige el horario, pero no las condiciones bajo las que ese horario se remunera. Y como el poder de negociación del trabajador individual frente al algoritmo es estructuralmente débil —más aún en países con sobreoferta de mano de obra poco cualificada—, la promesa de autonomía termina operando, en la práctica, como una forma de subordinación distinta a la tradicional, no ausente de ella.

Donde esta tensión se vuelve más visible es en la composición misma de quienes ingresan a estas nuevas formas de trabajo. La literatura es consistente en un punto: la economía gig absorbe con particular facilidad a la fuerza laboral menos cualificada. En Colombia, los datos de la GEIH lo confirman sin matices: la población con educación básica y primaria concentra la mayor proporción de trabajadores gig locales, mientras que la población con educación superior prácticamente desaparece de la muestra una vez se filtra el gig local frente al remoto —probablemente porque, como muestran Barrero et al. (2023), esa población se concentró en el trabajo remoto e híbrido tras la pandemia—. No es casualidad, entonces, que conductores y domiciliarios —el gig local colombiano— se ubiquen justo en la intersección entre informalidad y baja cualificación que la CEPAL asocia con los sectores de baja productividad.

A esa fuerza laboral poco clasificada se suman los migrantes internos, que representan más del 40 % de los trabajadores gig locales en el país —Colombia es, no sobra recordarlo, el cuarto país con mayor migración interna del mundo por conflicto y violencia— y, en menor medida, los migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos. La economía gig funciona, para estas poblaciones, como una puerta de entrada casi sin filtro; el problema es que esa misma ausencia de filtro es la que impide, después, filtrar hacia mejores condiciones. Se entra fácil, pero no hay una ruta clara de salida hacia la formalidad.

La precarización, entonces, no aparece como una excepción del modelo sino como su consecuencia más o menos esperable. Los ingresos de quienes trabajan en el gig local están por debajo de los de la población no gig, a pesar de que trabajan, en promedio, más horas a la semana; la cotización a pensión es marginal; el contrato escrito, prácticamente inexistente. Nada de esto contradice la flexibilidad que ofrecen las plataformas; lo que contradice es la idea de que esa flexibilidad se traduce, por sí sola, en bienestar. Como advierte Donovan et al. (2016) para el caso estadounidense, la clasificación de estos trabajadores como contratistas independientes los excluye, de entrada, de los beneficios básicos de la relación laboral tradicional —licencia por enfermedad, seguridad social, jubilación—, y esa exclusión no es un accidente regulatorio sino una condición de rentabilidad del modelo.

Vale la pena señalar, además, que esta absorción de fuerza laboral vulnerable tiene un límite curioso: no incluye, en la misma proporción, a las mujeres. La literatura suele presentar a la economía gig como un espacio que reduce las barreras de acceso para poblaciones vulnerables en general, pero los datos muestran que los hombres se mantienen por encima del 82 % de esta fuerza laboral; la brecha, lejos de cerrarse, se amplía en este sector particular.